San Salvador, 7 de junio de 2025 — La noticia de la captura de Salvador Enrique Anaya Barraza, abogado y figura conocida en el ámbito legal y político salvadoreño, ha causado un fuerte impacto en la esfera nacional. Acusado de presunto lavado de dinero, su detención representa no solo un golpe judicial individual, sino que expone nuevamente las tensiones, los vicios históricos y las pugnas de poder en el sistema político y de justicia del país.


¿Quién es Salvador Enrique Anaya Barraza?


Anaya Barraza ha sido una figura activa en el debate jurídico nacional. Aunque sin militancia partidaria formal, su trayectoria como abogado constitucionalista, analista y comentarista en diversos espacios mediáticos lo había posicionado como un actor relevante en temas de Estado de Derecho, democracia y control constitucional.


Durante los últimos años, Anaya Barraza se destacó por sus constantes señalamientos a lo que calificaba como “desmantelamiento institucional” bajo la administración del presidente Nayib Bukele, especialmente tras la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021 y la posterior aprobación de normativas como el régimen de excepción. Fue, además, abogado defensor en procesos de organizaciones de derechos humanos y había expresado públicamente críticas a diversas resoluciones judiciales de los últimos años.


El proceso en su contra


El pasado lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la captura de Anaya Barraza, señalándolo de estar vinculado en una red de lavado de dinero que, según el Ministerio Público, operó durante varios años a través de movimientos de capital en el sistema financiero nacional y en el extranjero.


De acuerdo con el fiscal general Rodolfo Delgado, se habría identificado un flujo irregular de fondos por más de 2 millones de dólares, supuestamente canalizados mediante sociedades pantalla y cuentas personales, sin respaldo comercial legalmente sustentado. La Fiscalía informó que solicitará la detención provisional mientras se desarrolla la fase inicial de instrucción.


Hasta el momento, la defensa del abogado no ha emitido declaraciones oficiales, aunque colegas del gremio legal y analistas independientes han cuestionado públicamente la rapidez del proceso, el manejo mediático del caso y la falta de detalles técnicos sobre la investigación.


Reacciones y repercusiones


La noticia ha provocado reacciones encontradas en distintos sectores del país:


El oficialismo ha respaldado la actuación de la Fiscalía, argumentando que “nadie está por encima de la ley” y que este tipo de capturas refuerzan la lucha contra la corrupción. Voceros afines al gobierno señalaron que la captura “desenmascara a supuestos defensores de derechos humanos” y acusaron a Anaya Barraza de haber sido “parte de la élite que históricamente manipuló el sistema judicial”.


Organizaciones de la sociedad civil y sectores académicos han manifestado su preocupación, advirtiendo que la captura podría tener motivaciones políticas, dado el perfil crítico del abogado. En un comunicado conjunto, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) calificaron el arresto como “un hecho de enorme gravedad para la independencia judicial y la libertad de expresión”.


Partidos de oposición también se pronunciaron. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) condenó lo que llamó “persecución política disfrazada de justicia”, mientras que ARENA pidió transparencia total en el proceso, exigiendo que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia.


Analistas internacionales, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, mostraron inquietud por lo que podría representar un patrón de utilización del sistema judicial para neutralizar voces disidentes en El Salvador.



¿Qué implica esta captura para la política salvadoreña?


La detención de Salvador Enrique Anaya Barraza ocurre en un momento en que el gobierno de Nayib Bukele enfrenta crecientes cuestionamientos internacionales por la continuidad del régimen de excepción, la concentración de poder y las recientes reformas constitucionales impulsadas desde la Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo.


Más allá del caso individual, la captura refuerza una narrativa estatal de “depuración” y combate a la corrupción que, según sus detractores, ha sido utilizada selectivamente contra figuras incómodas al poder.


En lo político, el caso podría tener un efecto disuasivo sobre otros abogados, jueces y líderes de opinión críticos al gobierno. De igual forma, podría fortalecer a sectores oficialistas que sostienen que “la vieja élite” sigue operando en estructuras paralelas.


En cuanto al sistema de justicia, este nuevo episodio evidencia los profundos desafíos de independencia y credibilidad que enfrenta la institucionalidad salvadoreña, marcada por señalamientos de cooptación, presiones políticas y selectividad en la persecución penal.


¿Qué sigue en lo judicial?


La FGR ha anunciado que en los próximos días presentará ante el Juzgado de Paz correspondiente la solicitud de instrucción formal con detención provisional, junto con la documentación financiera y pericial que, según la Fiscalía, prueba las transacciones ilícitas.


De encontrarse elementos suficientes, el caso podría pasar a la fase de instrucción en tribunales especializados en crimen organizado y lavado de activos. Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero y activos contempla penas de entre 5 y 15 años de prisión.


La defensa de Anaya Barraza tendrá oportunidad de presentar pruebas de descargo y, eventualmente, solicitar medidas sustitutivas a la detención.


Conclusión


La captura de Salvador Enrique Anaya Barraza no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica más amplia de confrontación entre el Ejecutivo y sectores críticos, en la que el sistema judicial ha pasado a ocupar un papel central.


Mientras el gobierno insiste en su discurso de combate frontal a la corrupción, sus críticos señalan que el aparato judicial se ha convertido en una herramienta de control político. Lo cierto es que este caso, con una figura de alto perfil, reaviva las tensiones sobre el Estado de Derecho en El Salvador y coloca, una vez más, al país bajo la mirada atenta de la comunidad internacional.