El hallazgo se dio durante una operación de requisa ejecutada el pasado fin de semana por fuerzas combinadas del Sistema Penitenciario, el Ministerio de Gobernación y unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC). Lo que encontraron dentro de El Infiernito supera cualquier guion cinematográfico sobre corrupción penitenciaria en Centroamérica.
Un hotel camuflado de prisión
Al ingresar a las celdas de los principales cabecillas, los agentes descubrieron que varios de los reclusos contaban con televisores de pantalla plana, refrigeradoras, hornos de microondas, aires acondicionados e incluso habitaciones privadas decoradas con muebles de alta gama.
Pero eso no fue todo. La sorpresa mayor se encontraba en una sección adaptada como un pequeño zoológico clandestino, donde las autoridades encontraron dos cocodrilos, serpientes, aves exóticas y otros animales salvajes. Según informes preliminares, estos animales eran utilizados como símbolo de estatus por los líderes de la pandilla y como medio de intimidación hacia otros internos.
Un "call center" criminal dentro de la prisión
Lo más alarmante fue el desmantelamiento de un improvisado call center desde donde los pandilleros operaban extorsiones, amenazas y coordinaban crímenes en distintos puntos del país. El lugar estaba equipado con decenas de teléfonos celulares, computadoras portátiles y tabletas conectadas a internet mediante dispositivos clandestinos.
Según las investigaciones, desde ese centro de operaciones se realizaban llamadas extorsivas a comerciantes, transportistas y familias guatemaltecas, exigiendo pagos bajo amenazas de muerte. Además, se utilizaba para planificar ataques, asesinatos y coordinar movimientos de droga y armas fuera de la prisión.
Corrupción institucional y complicidad
El hallazgo expone una red de corrupción profundamente enraizada dentro del sistema penitenciario guatemalteco. No es posible que equipos electrónicos, electrodomésticos de lujo y animales salvajes ingresen a una cárcel de máxima seguridad sin la complicidad de custodios y altos mandos penitenciarios.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, reconoció en conferencia de prensa que "este tipo de situaciones solo ocurren cuando existe una colusión criminal entre reos y funcionarios corruptos". Asimismo, aseguró que se han iniciado procesos de investigación contra al menos 25 empleados penitenciarios sospechosos de haber facilitado el ingreso de los objetos prohibidos y de permitir la operación del call center criminal.
Repercusiones y temor ciudadano
La noticia ha causado indignación y preocupación entre la población guatemalteca, sobre todo entre comerciantes y transportistas, quienes constantemente han denunciado ser víctimas de extorsión sin que las autoridades lograran frenar las operaciones desde los centros penales.
“Ahora entendemos por qué nunca se detenían las llamadas ni las amenazas, si desde la cárcel estaban mejor equipados que en nuestras propias casas”, declaró Marvin Juárez, un comerciante capitalino que asegura haber recibido amenazas de muerte en múltiples ocasiones.
La respuesta del gobierno
Tras el operativo, el gobierno guatemalteco anunció una intervención total de El Infiernito. Los pandilleros fueron trasladados a otras prisiones bajo régimen más estricto, mientras se ordenó la destitución inmediata de los directores y jefes de seguridad del penal.
Además, se prometió reforzar los controles en todos los centros penitenciarios del país y establecer una fuerza de tarea especial para investigar los nexos de corrupción dentro del Sistema Penitenciario.
El presidente Bernardo Arévalo lamentó el escándalo y expresó que su administración “no permitirá más estos niveles de descontrol en las cárceles, ni la humillación a la que se ha sometido a las víctimas de extorsión y violencia por parte de estas estructuras criminales”.
Una crisis regional
El caso de El Infiernito no es un hecho aislado en Centroamérica. Tanto en Honduras como en El Salvador se han documentado casos similares en los últimos años, donde pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) han logrado apoderarse de prisiones enteras, instalando verdaderos centros de mando desde donde dirigen sus actividades ilícitas.
Analistas en seguridad consultados por este medio advierten que mientras persista la corrupción institucional, ningún plan de seguridad será efectivo para frenar la criminalidad organizada. “No es suficiente capturar pandilleros si el Estado les entrega las cárceles para que las conviertan en fortalezas”, señaló Juan Carlos Lemus, especialista en criminología.
Conclusión
El escándalo de El Infiernito desnuda una de las aristas más preocupantes de la crisis de seguridad que enfrenta Guatemala: un sistema penitenciario incapaz de garantizar control sobre sus internos, con altos niveles de corrupción y complicidad institucional.
Mientras se anuncian nuevas medidas y destituciones, la ciudadanía exige respuestas efectivas y cambios estructurales que impidan que las cárceles sigan siendo centros de operaciones del crimen organizado.
“Si no se limpian las prisiones, seguiremos viviendo bajo el miedo y la extorsión”, sentenció doña Luisa Castañeda, comerciante de mercado en la zona 1 de Ciudad de Guatemala.
El caso de El Infiernito podría marcar un antes y un después en la política penitenciaria guatemalteca, o convertirse —como temen muchos— en otro episodio más de escándalo impune en un país acostumbrado a convivir con la corrupción y el crimen.
