San Salvador, 2 de junio de 2025. — La aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador ha encendido una intensa polémica entre organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas independientes. Una de las voces más firmes y críticas ha sido la del periodista y defensor de derechos humanos, Leonel Herrera, quien desde hace años ha denunciado los intentos gubernamentales de restringir la libertad de expresión y acallar a las voces críticas en el país.

En sus recientes declaraciones públicas, Herrera no ha dudado en calificar la normativa como un instrumento de censura y castigo político, más allá de su supuesto objetivo fiscal. Según el periodista, la Ley no solo pretende gravar con un 30% de impuesto las donaciones y fondos provenientes del extranjero para organizaciones sociales y medios independientes, sino que también busca criminalizar la disidencia y asfixiar financieramente a quienes cuestionan al gobierno de Nayib Bukele.

¿Qué dice la Ley de Agentes Extranjeros?

Aprobada en diciembre de 2021 por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, la Ley de Agentes Extranjeros establece que todas las personas naturales o jurídicas que reciban fondos del exterior deben registrarse ante el Ministerio de Gobernación como “agentes extranjeros” y pagar un impuesto del 30% sobre dichas contribuciones.

El gobierno argumenta que la normativa es necesaria para prevenir injerencias extranjeras en asuntos internos y asegurar la transparencia en el uso de recursos provenientes del exterior. Sin embargo, para organizaciones sociales, periodistas y analistas, la medida representa una clara amenaza a la libertad de asociación, expresión y prensa.

Leonel Herrera: “Esto no es por el 30%, es por censura”

Para Leonel Herrera, director de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), la cuestión del porcentaje impositivo es apenas la punta del iceberg. En una entrevista reciente, Herrera afirmó que lo más grave de la Ley no es el 30% de impuesto, sino el trasfondo político que persigue: “El problema real es el intento de controlar y silenciar a quienes cuestionamos el poder. No es un mecanismo fiscal, es un mecanismo de censura”.

Herrera señala que la Ley permite al Ejecutivo decidir arbitrariamente qué organizaciones o personas califican como agentes extranjeros y cuáles no, lo que deja espacio para la persecución selectiva. Además, denunció que esta legislación se inscribe en una serie de acciones gubernamentales dirigidas a desmantelar el tejido organizativo y los contrapesos democráticos en el país.

Efectos inmediatos: autocensura y cierres

Desde la entrada en vigencia de la Ley, varias organizaciones han reportado dificultades para recibir fondos internacionales, mientras que algunos medios comunitarios y alternativos han optado por reducir operaciones o suspender proyectos ante la amenaza fiscal y legal.

Organismos como Cristosal, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, y Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) han advertido sobre un clima de creciente hostilidad contra la labor de defensa de derechos humanos y periodismo independiente.

Según Herrera, muchas radios comunitarias afiliadas a ARPAS han tenido que replantear sus estrategias de financiamiento, mientras que periodistas críticos enfrentan mayores riesgos de criminalización y vigilancia.

Contexto regional y advertencias internacionales

La aprobación de leyes restrictivas contra organizaciones no gubernamentales y medios independientes no es exclusiva de El Salvador. Países como Nicaragua y Venezuela han implementado normativas similares, que han derivado en cierres masivos de medios de comunicación, cancelación de personerías jurídicas y exilio forzado de activistas.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido que la Ley salvadoreña representa un grave retroceso democrático. En un comunicado conjunto, estas entidades señalaron que “la normativa pone en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales y permite el uso arbitrario de sanciones fiscales y penales para silenciar a la oposición y la crítica social”.

¿Qué viene ahora?

Leonel Herrera considera que la resistencia debe mantenerse y fortalecerse, a pesar de las amenazas. Ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que acompañe y proteja a las organizaciones sociales y medios salvadoreños que trabajan en contextos adversos.

“Esta Ley no debe normalizarse. Debemos seguir denunciando, informando y organizándonos para defender los espacios democráticos que aún quedan”, sostuvo Herrera.

Por su parte, el gobierno de Nayib Bukele ha desestimado las críticas y sostiene que la Ley busca evitar injerencias extranjeras malintencionadas. No obstante, para amplios sectores nacionales e internacionales, se trata de un instrumento autoritario que consolida la concentración de poder en manos del Ejecutivo y restringe severamente la participación ciudadana.

Conclusión

A tres años de su aprobación, la Ley de Agentes Extranjeros continúa generando controversia en El Salvador. Mientras el gobierno insiste en su carácter fiscal y de soberanía nacional, periodistas como Leonel Herrera alertan sobre sus efectos corrosivos para la democracia. Lo que está en juego no es solo un impuesto, sino el derecho a disentir, a informar y a organizarse sin miedo a represalias.