San Salvador, 4 de junio de 2025 — En medio de un clima político marcado por tensiones crecientes, sectores opositores al gobierno del presidente Nayib Bukele han redoblado sus acciones y discursos críticos contra funcionarios clave del Ejecutivo salvadoreño. La escalada, que se ha dejado sentir en medios tradicionales, redes sociales y foros internacionales, refleja un nuevo momento en la confrontación política que vive El Salvador tras las elecciones generales de 2024 y la extensión del régimen de excepción.
Un Incremento en los Señalamientos
Durante las últimas semanas, distintas figuras de la oposición han señalado con mayor insistencia a funcionarios estratégicos del gabinete de Bukele, acusándolos de supuestas irregularidades, abuso de poder y violaciones a los derechos humanos. Entre los nombres que más han resonado en las denuncias se encuentran Osiris Luna, director de Centros Penales; Alexandra Hill Tinoco, canciller de la República; y Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad.
La abogada y excandidata presidencial Celia Medrano denunció en una entrevista reciente que "los funcionarios del círculo cerrado de Bukele han operado sin contrapesos institucionales y deben rendir cuentas ante la comunidad internacional". Medrano hizo alusión a los informes de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que han documentado supuestas detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas en cárceles salvadoreñas.
Ofensiva en Redes Sociales y Medios Internacionales
El activismo digital ha sido otro campo donde la oposición ha incrementado su actividad. Cuentas identificadas con sectores opositores han viralizado denuncias y llamados a la "desobediencia civil pacífica" contra medidas adoptadas por el gobierno. Etiquetas como #DictaduraBukele, #RégimenDeExcepción y #BukeleDictador han sido tendencia recurrente en plataformas como X (antes Twitter) y Facebook.
Además, voceros opositores han buscado respaldo fuera del país. Recientemente, el abogado Manuel Escalante, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), participó en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde alertó sobre “el deterioro del Estado de Derecho” y pidió sanciones específicas contra altos funcionarios salvadoreños.
Funcionarios en la Mira
Entre las acciones más recientes destaca una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República contra Osiris Luna y Gustavo Villatoro, acusándolos de "autorizar traslados y aislamientos inhumanos de privados de libertad" durante las operaciones de requisa masiva en penales. Aunque la Fiscalía no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto, sectores opositores insisten en exigir investigaciones independientes.
Por su parte, la canciller Alexandra Hill Tinoco ha sido cuestionada por su rol en la política exterior y la cercanía con gobiernos como China y Turquía, mientras mantiene distancias tensas con Estados Unidos y la Unión Europea. La oposición la acusa de "ser cómplice del aislamiento internacional progresivo de El Salvador en el ámbito democrático".
El Gobierno Responde: Denuncia de Guerra Mediática
El Ejecutivo ha reaccionado a estas acciones denunciando una "guerra mediática y política" promovida por antiguos partidos tradicionales, ONGs y actores internacionales contrarios a la visión de país del presidente Bukele.
El propio mandatario, en su habitual tono desafiante en redes sociales, publicó recientemente:
"Los mismos de siempre, sus ONG fachada y sus títeres internacionales no soportan ver a un país que se libera del control de mafias y corruptos. Que ladren, señal de que avanzamos."
Asimismo, el oficialismo ha movilizado a su maquinaria digital y a medios afines para contrarrestar la narrativa opositora, destacando logros en seguridad, crecimiento económico y proyección internacional.
Escenarios a Futuro
Analistas políticos consultados por este medio coinciden en que el endurecimiento de las posiciones opositoras ocurre en un contexto donde los espacios institucionales de control han sido debilitados tras las destituciones de magistrados de la Corte Suprema y fiscales, y donde el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, ha limitado derechos fundamentales.
El politólogo Carlos Carcach sostiene que “ante la falta de canales institucionales, la oposición ha optado por internacionalizar su discurso y presionar desde foros multilaterales y la opinión pública exterior”.
Por su parte, el analista Luis Membreño advierte que la radicalización opositora podría derivar en una mayor persecución contra disidentes políticos y actores de sociedad civil:
"El gobierno no tolera oposición, menos aún organizada. Si estas acciones se intensifican, veremos una reacción más dura del aparato estatal."
Conclusión
El clima político en El Salvador sigue tensándose. Mientras el gobierno de Bukele mantiene una alta aprobación popular —según las últimas encuestas—, la oposición parece haber encontrado en la presión internacional y la denuncia pública un nuevo frente de batalla.
La pregunta que queda en el aire es si esta ofensiva opositora logrará fracturar el sólido respaldo con el que Bukele ha gobernado o, por el contrario, fortalecerá aún más el discurso oficial de asedio externo.
